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Esto nos sitúa también en otro ámbito de “problematicidad”: la relación entre obediencia y conciencia, en los distintos ámbitos en que se desarrolla nuestra existencia. Este tema ha sido muy estudiado por Hannah Arendt aplicado a la “obediencia debida” de los jefes del holocausto, especialmente lúcido en su relato sobre El proceso a Eichmann en Jerusalén, para llegar la conclusión de que cuando se abdica de la propia conciencia se llega a la banalización del mal.

La moral luterana y calvinista han identificado de alguna manera poder secular y poder religioso. El poder político tiene la soberanía del poder religioso. Históricamente se fraguó en “Eius regio, eius religio”, según el rey, así será la religión del súbdito. Esta postura abría las puertas para la entera secularización de la fe religiosa, tal y como ha sucedido históricamente.

Pero además, plantea el problema de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa si mi conciencia me dicta algo distinto de lo que dice el gobernante, la opinión pública, la mayoría de un parlamento, etc.? La cuestión planteada así es irresoluble para el individuo que se ve “obligado” a la debida “obediencia”, tal y como lo plantea Arendt. Si a eso añadimos el categórico kantiano del deber por el deber, tenemos un cóctel perfecto para que salte por los aires un binomio tan delicado como es el de conciencia-obediencia. De hecho, el primer principio de la libertad de una nación no viene dado por las libertades civiles, sino por el derecho a la libertad religiosa: este es el meollo de la cuestión. Si no hay, es inútil: todas las demás libertades serán formales, pero carentes de sustancia. Incluido el derecho a la vida, como exponente de la desfragmentación antropológica que se está produciendo en Occidente, donde ese valor era muy característico, históricamente hablando, a pesar de las masacres especialmente cruentas del siglo XX.

Por lo demás, habría que incidir en la necesidad de que el Estado y la sociedad no interfieran en la modelación de las conciencias: véase por ejemplo, las leyes sobre educación en España, donde se impone modelos alternativos de sociedad (unión de homosexuales), antropológicos (ideología de género), etc. Y donde se impele, a través de los poderes públicos, a que los funcionarios –jueces, médicos, etc.- acepten las decisiones de las mayorías parlamentarias.